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Aurelio Martín sostiene que las modificaciones responden a la regeneración democrática y pretenden acabar con los abusos en la política

El grupo parlamentario de IU registró en la Junta General una batería de enmiendas a las leyes de Buen Gobierno e Incompatibilidades y a la de Transparencia, dos leyes que a juicio del portavoz de IU se han quedado francamente cortas. Aurelio Martín desveló esta mañana las rectificaciones que la coalición plantea y que supondrán “ importantes modificaciones” . Las mismas “responden a la demanda ciudadana de regeneración política y democrática y  pretenden acabar con los abusos en la política y de algunos políticos”, explicó Martín, al tiempo que subrayó que están en la línea de las propuestas realizadas por los expertos que comparecieron en la propia Junta.

Entre éstas enmiendas destacó en la Ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades las que tienen como objetivo limitar la duración de los mandatos del Presidente y los Consejeros a ocho años; la eliminación de indemnizaciones de blindaje en los contratos de alta dirección en las empresas, entidades públicas u organismos autónomos; permitir que sea compatible la condición de alto cargo con la dirección de un partido político pero sin percibir retribución por éste último; eliminar el cobro por parte de los altos cargos de cualquier sobresueldo derivado de la pertenencia a consejos de administración; prohibir las puertas giratorias para los altos cargos del Principado; establecer la obligación de los altos cargos de ingresar en el patrimonio del Principado cualquier regalo por valor superior a 100 euros y que se conozcan los que éstos reciben.

Las enmiendas también incluyen un régimen de infracciones del que carece la actual redacción de la ley, así como medidas para hacer más transparente el contenido del registro de intereses, actividades, bienes, derechos patrimoniales y contratos de alta dirección. 

Respecto a la Ley de Transparencia, IU enmienda la ley, entre otras cuestiones, para que la obligación de transparencia no se limite a la administración pública sino a cualquier actividad pública, para que se extienda a las empresas en las que el Principado sea el principal accionista aunque no tenga la mayoría absoluta (Sedes, Sogepsa… ); para reducir de 50.000 a 10.000 euros la cuantía de la subvención que obliga a la transparencia a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y otras entidades;  para establecer la obligación de hacer públicas las agendas institucionales de los altos cargos; para que en los procedimientos de libre designación de personal funcionario directivo o de alta dirección de empresas públicas, entidades u organismos se conozcan los candidatos barajados, los méritos de cada uno de ellos y las razones por las que se designa al que se haya seleccionado, igual que para el personal eventual de gabinete; para establecer como uno de los principios de transparencia el de gratuidad, evitando que se pueda cobrar por acceder a la información.

En las enmiendas también figura la obligación de los ayuntamientos de toda Asturias retransmitan sus plenos por Internet o permitan el acceso a la grabación de los mismos, así como un régimen sancionador que en la ley no existe.