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CCOO, CSIF y SAE denuncian que se está obligando a la incorporación de los profesionales que se hacen una PCR antes de conocer sus resultados

Los representantes de las tres centrales reclaman más medios para la red de Geriátricos, el seguimiento exhaustivo de los servicios privatizados y que se revoque la resolución que merma sus derechos en el disfrute de las vacaciones

Izquierda Unida ha pedido hoy al Principado una apuesta clara por el ERA como un servicio público de calidad, con más recursos y una mejora del diálogo y las relaciones con el personal de las residencias. El diputado Ovidio Zapico se ha reunido con representantes sindicales de Comisiones Obreras (CC OO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) para abordar la situación de la red pública de geriátricos, especialmente golpeados por la crisis de la COVID-19 . "Entendemos que ahora, cuando a todos se nos ha llenado la boca, durante los últimos meses, de la importancia de un buen servicio público en atención a nuestros mayores, como consecuencia de las graves secuelas que la crisis de la pandemia de la crisis sanitaria ha ocasionado, cuando todos insistimos muchos en ese nuevo modelo de atención socio-sanitario que dé respuesta a eventuales situaciones como las que vivimos, no ya sólo en marzo, sino también como las que podemos sufrir en cualquier momento, y también abriendo el horizonte a una nueva forma de vivir en ese nuevo modelo residencial, nosotros creemos que es el momento de todo eso, pasar ya de las musas al teatro y plasmarlo en los números de lo que tiene que ser el próximo presupuesto del Principado".

Zapico ha enfatizado la necesidad de empezar a abordar, cuanto antes, las cuentas de 2021: "deben de ser unos presupuestos que deben de tener un componente marcadamente social y que ese componente social tiene que estar también perfectamente reflejado en este organismo autónomo de las residencias". El diputado ha señalado que hasta el momento no ha habido "ni un solo contacto" para abrir la negociación presupuestarias por lo que ha pedido celeridad: "a sí nos gustaría que en esta ocasión no dejásemos los deberes para última hora, que el borrador entrase primero en esta Junta General y que nos diese tiempo a analizar con suficiente detenimiento las características del mismo"

El parlamentario ha pedido a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en su conjunto, desde la Consejera Melania Álvarez a la Gerencia del ERA, que cambie su actitud en lo referido a los trabajadores de la entidad. "Deben de hablar con los sindicatos de los trabajadores con normalidad, deben encontrar un marco de relación basado en el respeto, el diálogo fluido y la comunicación". La realidad, ha explicado Zapico, es distinta, como se demuestra por los procesos judiciales abiertos tras la última resolución del ERA sobre el disfrute de las vacaciones y que ya ha sido cuestionada de forma individual por los tribunales y que están dando la razón a los trabajadores. "instamos desde aquí a la inmediata retirada de esa resolución por parte de la Consejería".

La delegada sindical de CC OO en el ERA, Generosa Tamargo, ha explicado que la COVID-19 ha supuesto una nueva vuelta de tuerca a problemas que ya se venían registrando desde "hace muchos años". Para Tamargo, la pandemia ha evidenciado carencias y debilidades como la ratio de personal que ha quedado sobrepasada por la crisis sanitaria pero también por el envejecimiento poblacional y de las personas residentes. "La ratio de personal, aunque en las residencias se cumple, la carga de trabajo que se está viendo, cada día, es mayor, debido al deterioro de las personas que están en dichas residencias". Falta de personal, condiciones inadecuadas de trabajo, carencias de material y de equipos de protección individual (EPIs) son, según la delegada de Comisiones, algunas de las situaciones que el personal ha tenido que afrontar y que, meses después de la declaración de la pandemia siguen sin resolverse.

"Pedimos que se nos reconozca la labor de los trabajadores del ERA, que se haga una equiparación con el personal del SESPA y, sobre todo, que se reconozcan esos complementos de peligrosidad que se vio y se hizo visible en el organismo autónomo ERA", ha reivindicado Tamargo.

Para Belén Orviz, miembro del comité de empresa por CSIF, el mayor problema en estos momentos del ERA es de recursos humanos. Ya antes de la pandemia, ha explicado, se necesitaba personal y tras la misma esas necesidades son aún mayores. "Necesitamos un estudio nuevo del ratio; el ratio actual es de 2011; hay que actualizarlo a la situación de las personas mayores que ahora mismo tienen un nivel mayor de dependencia". Y, junto a ello, coincidió también es que es perentorio un mayor reconocimiento al personal, algo que, ha dicho, pasa por aplicar como en otros departamentos los complementos de peligrosidad pero también con un respeto a sus derechos, comenzando por la retirada de la resolución que limita el disfrute de las vacaciones y que ya ha sido cuestionado judicialmente en dos sentencias.

Finalmente, Julia Navarro, del SAE ha enfatizado el envejecimiento de la población asturiana que exige un replanteamiento de los servicios que se le presta en el ERA. Para ello, ha resaltado, es imprescindible aumentar la dotación económica para poder acometer un refuerzo en las plantillas.

Los problemas se agravan aún más por el nuevo protocolo ordenado y que supone que los trabajadores que deben someterse a un PCR tienen que incorporarse a trabajar aún antes de tener los resultados, según ha denunciado Generosa Tamargo.

Además, se ha pedido un seguimiento exhaustivo de todos los servicios externalizados ya que, a según coincidieron los tres sindicatos, se está escatimando en la atención de los mayores incluso en cuestiones de alimentación.El objetivo, "que nuestros mayores sigan disfrutando de la calidad de vida que se merecen", ha reclamado Julia Navarro.