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Hasta 27 documentos distintos han exigido a algunos de ellos para poder reclamar judicialmente a Vivienda, a través de un abogado de oficio, las subvenciones no abonadas

La lucha contra la burocracia del Gobierno de Asturias no incluye aquella que afecta directamente a la ciudadanía más vulnerable. La portavoz de IU en la Junta General, Ángela Vallina, ha criticado hoy, junto a afectados por los retrasos en las ayudas al alquiler, el calvario que el colectivo está sufriendo, tanto para percibir el importe de estas subvenciones como para poder acceder a la justicia gratuita para poder reclamar una deuda pendiente que viene del año 2021. Y es que para poder beneficiarse de un abogado de oficio han llegado a solicitarles hasta 27 documentos distintos, que van desde la declaración de la renta, a notas registrales, últimas nóminas o hasta los extractos bancarios de sus últimas operaciones.

Los afectados por el retraso en el pago de las ayudas al alquiler denuncian ahora un nuevo muro burocrático al tratar de acceder a la justicia gratuita para reclamar vía judicial el pago de las ayudas. Los afectados aseguran que les están solicitando muchísimos más requisitos que a otros ciudadanos para poder acceder a un abogado de oficio.

Yolanda Gutiérrez y Carlos García, de la plataforma de afectados por los retrasos en las ayudas al alquikler han explicado el viacrucis, en algunos casos, solo para saber si están incluidos o no en los listados de beneficiarios, ya que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ni siquiera ha contestado a tales requerimientos. Por si fuera poco, el proceso para acceder a un abogado gratuito, dados sus limitados recursos económicos, se ha convertido en otra carrera de obstáculos: "Nos piden hasta un año de nuestros movimientos bancarios, el año entero de nóminas, hubo personas que firmaron la solicitud en el lado izquierdo y les hicieron volver otro día porque tenían que firmar un poco más a la derecha. El trato ha sido vergonzoso", ha relatado Gutiérrez.

Para Ángela Vallina esta situación pone en evidencia al ejecutivo de Adrián Barbón en lo tocante a el supuesto interés para agilizar la gestión pública. En este sentido, la parlamentaria ha lamentado que el gobierno presuma de una guerra contra la burocracia, que la realidad pone en cuestión en casos como el del pago de las ayudas al alquiler. Si hay una guerra, ha espetado la parlamentaria, "se está perdiendo cuando la misma afecta a las personas y no a las empresas".

La situación se ha convertido casi en crónica, ha enfatizado Vallina: "hablamos de personas que llevan más de un año pasando un auténtico calvario, esperando acceder a unas ayudas que tienen concedidas y ahora tratando de acceder a un derecho como es el de la Justicia gratuita", ha indicado Vallina que ha recordado que son casi 3.000 asturianos los que siguen sin cobrar toda o parte de la ayuda y ahora unas 200 las que solicitan la justicia gratuita para poder reclamar esos pagos.