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La Junta, como demandaba IU, exige al Gobierno mayor seguridad jurídica en los planes de empleo

La iniciativa fue apoyada por PSOE, Podemos y Foro

La Junta General aprobó esta mañana la Proposición No de Ley de IU que pide la modificación de los planes de empleo locales, estableciendo cambios, entre otras cuestiones, en las bases reguladoras de las subvenciones para dotar de mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos. Los cinco puntos de la iniciativa de IU fueron apoyados por el PSOE, Podemos y Foro mientras que votaron en contra Partido Popular y Ciudadanos.

Ovidio Zapico, diputado de IU, durante su intervención defendió la necesidad de los planes de empleo, sin entrar a valorar su ejecución,  como medio de inclusión social y laboral de los últimos 25 años, pero también subrayó su constante declive debido en los últimos años a la inseguridad jurídica que ha llevado a los ayuntamientos a tener que abonar 10 millones de euros en indemnizaciones. Zapico recordó que en 2012, había más de 2.000 plazas ocupadas, mientras que en el último año se han cubierto poco más de 500 plazas. En este año, además, renunciaron a ponerlos en marcha los ayuntamientos de Siero, Mieres, Langreo, San Martín, Avilés y Gijón, este último  en suspenso.

Zapico advirtió al Gobierno que IU se ve obligada a hacer medidas propositivas “porque el Gobierno y su inacción provoca la muerte de los planes de empleo”.

El diputado de IU se preguntó si como dice la directora del Sepepa los planes son seguros y ejecutables “¿porqué el Principado no quiere hacerse responsable subsidiario de los problemas que se les generan a los ayuntamientos?”.

El primer punto de la Proposición no de ley supone el reconocimiento de la utilidad de los planes como método de inserción laboral de colectivos con especiales dificultades. En segundo lugar el parlamento insta a incrementar y mejorar los programas sociales de incorporación al trabajo de desempleados de colectivos con especiales dificultades para el empleo  incrementando los recursos naturales y humanos. En tercer lugar la iniciativa aprobada insta al gobierno a presentar antes de que acabe el actual periodo de sesiones un informe jurídico que analice el conjunto de las sentencias a fin de que se establezca una relación de buenas y malas prácticas en esos contratos y arroje luz sobre las posibilidades y los límites legales en esas contrataciones.

El cuarto punto reclama modificar a modificar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los ayuntamientos del Principado de Asturias para la ejecución de Planes de Empleo, requiriéndoles a que presenten, para su evaluación y aprobación por el Principado con carácter previo a dicha concesión, un Plan global de actuación mediante el cual, y en colaboración con los representantes sindicales, se definan los objetivos a satisfacer y en el que se fije el marco de actuaciones a desarrollar, puestos de trabajo precisos para su logro, y descripción individualizada de cada uno de esos puestos de trabajo, de manera que se garantice la sustantividad y la autonomía de la obra o servicio.  Dicho Plan deberá establecer un mecanismo de control del cumplimiento de las bases (que deberán incluir el tipo de contrato que se va a realizar y el horario, condiciones, y finalidad del mismo) en el que participarían tanto representantes del servicio de empleo como de los agentes sociales.  

El último punto de esta Proposición No de Ley supone que el Principado estudio la incorporación de nuevos empleadores tanto en el sector público como del tercer sector no lucrativo, la ampliación de la duración de los contratos más allá de un año y la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores beneficiarios.

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