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La eurodiputada cuestiona que no se haya planteado ningún mecanismo para aseguar el principio de subsidiariedad garantizando el papel de las ciudades en la arquitectura política de la Unión

 

La eurodiputada de IU Ángela Vallina reclamó esta semana el control y la supervisión por parte del Europarlamento de la agenda urbana europea y sus partenariados, al tiempo que denunció la falta de participación de la cámara en el Pacto de Amsterdam, cuya puesta en marcha, criticó, se ha impulsado no por un acuerdo formal sino a través de correos electrónicos.

Vallina, que participaba como “ponente en la sombra” de la Comisión de desarrollo Regional (REGI) sobre el Informe del Papel de las Ciudades en el marco Institucional de la Unión, elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO), lamentó que, a pesar del respaldo que se da al pacto de Amsterdam, su consolidación se ha hecho “de una manera muy poco democrática: ni siquiera en una reunión de Ministros, sino a través de e-mails”.

Del mismo modo, criticó que se haya excluido a la Eurocámara sobre los partenariados, que trabajarán sobre cuestiones concretas que van desde la inclusión de refugiados, a la calidad del aire, la regeneración urbana, la economía circular, el empleo o la vivienda. “Dicen cuáles son los (responsables de los) partenariados, es su elección, pero desde luego, el Parlamento, que es el órgano democrático, elegido democráticamente, no ha participado y no sabe específicamente muchas veces cuáles van a ser”. De hecho, según Vallina la cámara ni siquiera es tomada en cuenta para la supervisión de los resultados.

Frente a este modelo, la eurodiputada asturiana reclamó que tanto la agenda como los partenariados se sometan al control y supervisión del Parlamento.

Vallina señaló que hoy las ciudades son elementos clave tanto en la Unión Europea, al igual que en el resto del mundo, lo que hace necesario la definición de políticas públicas que permitan regular el marco de sus competencias, más allá del principio de subsidiaridad que rige en la UE pero que, sin embargo, no tiene efecto en algunos Estados. En este sentido, citó el caso de España que, recordó, se han registrado durante la crisis importantes recortes, tanto en competencias como económicos. Sin embargo, reprochó, “no he visto ningún movimiento desde esta Unión para proteger ese principio de subsidiaridad”.

La cuestión no es menor, dado que, a juicio de la eurodiputada, apostar por el pacto de Amsterdam tiene que permitir la mejora de la gobernanza con el objetivo de lograr una aplicación más eficaz y coherente en las ciudades de las políticas vigentes de la Unión en ámbitos como el medio ambiente, el transporte o el empleo, por citar algunas de las que se incluyen en este acuerdo que, en teoría, también debería centrarse en facilitar el acceso a la financiación comunitaria.

El pacto de Amsterdam supone la culminación de un proceso de reconocimiento del papel de las ciudades que arranca con la Carta de Leipzig (2007), la Declaración de Marsella (2008), la Declaración de Toledo (2010) y la Declaración de Riga (2015).