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La iniciativa, solo rechazada por PP y VOX, un insta al Gobierno a la creación del Instituto y del Consejo de la Memoria Democrática.

Junta General ha aprobado hoy una proposición no de ley defendida por Izquierda Unida para el reconocimiento de los alcaldes republicanos asesinados por la dictadura, así como impulsar actos de reconocimiento a los asturianos deportados a campos de concentración nazi. Solo PP y VOX mostraron oposición a la necesidad de reactivar las leyes de memoria democrática. De hecho, la portavoz parlamentaria, Ángela Vallina, ha justificado precisamente la oportunidad de esta iniciativa, ante el incumplimiento tanto de la ley estatal como la autonómica en esta materia, por lo que ha instado al Gobierno asturiano para que adopte todas las medidas a su alcance para asegurar el respeto a esta legislación que forma parte del proceso de verdad, justicia y reparación.

La PNL insta, además, al Consejo de Gobierno a acelerar el desarrollo de la Ley del Principado de Asturias de Memoria Democrática mediante la aprobación de su reglamento y la puesta en marcha de los órganos e instituciones que contempla, muy particularmente el Instituto de la Memoria y el Consejo de la Memoria Democrática.

Junto a todo ello, también se plantea dedicar el próximo día de 31 de octubre, instituido por la Ley 20/22, de Memoria Democrática, como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura.

Ángela Vallina ha recordado que este reconocimiento a los regidores es necesario pues, en su gran mayoría, su único delito fue el de representar a sus conciudadanas y conciudadanos: "ostentaban un cargo público de representación municipal –una alcaldía- en unos momentos tristemente amargos en la historia de España, ya que se estaba violando y destruyendo nada menos que la Democracia. Muchos de estos alcaldes pertenecían a partidos de izquierdas, otros ni siquiera eso, no pertenecían a ningún partido, sólo estaban ejerciendo un servicio público. Esa era su única acusación: cumplir con un deber democrático, y legal, de representación durante la Segunda República Española".

Esta proposición no de ley, ha enfatizado Ángela Vallina, es de justicia democrática que, ha asegurado, "a nadie debe de extrañar que surja de una fuerza como la mía, claramente municipalista y que ya en las primeras elecciones a los Ayuntamientos llevábamos como eslogan “quita un cacique y pon un alcalde”.