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Alcaldes de Izquierda Unida llaman a boicotear las "listas negras" de la ultraderecha en los 78 concejos, al tiempo que la Viceconsejera de Derechos Ciudadanos advierte que no tolerarán la utilización de las instituciones para "reventar" la democracia desde dentro

Izquierda Unida ha anunciado que plantará cara a la “caza de brujas” promovida por la ultraderecha contra la población migrante en Asturias. Alcaldes y cargos orgánicos e institucionales de la formación han llamado este martes a todas las fuerzas políticas democráticas de los 78 concejos asturianos a boicotear las solicitudes remitidas por el grupo parlamentario de VOX a los ayuntamientos para recabar datos del padrón desglosados por nacionalidad, al entender que no persiguen otro objetivo que “generar listas negras” y alimentar un clima de estigmatización.
En rueda de prensa, la secretaria de Política Municipal de IU Asturias, Llarina González, ha denunciado que la petición —que solicita el número total de personas empadronadas cada año y su evolución dividida por nacionalidades— constituye “un ataque racista y xenófobo” y supone el uso de las instituciones públicas “para generar odio”.

“Nos parece una caza de brujas. No hay justificación ni contexto para pedir estos datos. El único objetivo es señalar al diferente y tratar de construir listas negras”, afirmó. A su juicio, se trata de una estrategia política que busca “ir ayuntamiento a ayuntamiento diciendo ‘aquí estamos’”, incluso en aquellos municipios donde VOX no tiene representación.

Llarina González hizo un llamamiento expreso a los consistorios asturianos para que no respondan a la solicitud. Recordó que, de acuerdo con el artículo 199 del reglamento de la Junta General, los ayuntamientos no están obligados a facilitar esa información a un grupo parlamentario. “Lo que corresponde es el silencio. Pero, además del silencio administrativo, creemos que era necesaria la denuncia política”, subrayó, advirtiendo de que hay “líneas rojas que no se pueden traspasar”.

La dirigente municipalista enmarcó esta iniciativa en una dinámica más amplia de la ultraderecha y alertó de los paralelismos con políticas desarrolladas en otros países. “No queremos que ningún concejo de Asturias se convierta en la nueva Minneapolis de España”, señaló, en referencia a estrategias de persecución y señalamiento de personas migrantes. Asimismo, rechazó que se vincule migración con deterioro de servicios públicos: “No son las personas migrantes quienes recortan servicios; son las políticas de la ultraderecha las que atacan lo público”.

Desde el ámbito institucional, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos y coordinadora local de IU en Mieres, Beatriz González Prieto, calificó de “sinsentido” utilizar las instituciones democráticas para promover la exclusión. “Para quien cree en el sistema democrático, esto no tiene sentido. Pero para quienes quieren reventarlo desde dentro, es una estrategia”, afirmó.

González Prieto defendió que el papel de las administraciones debe ser el contrario: “Es el momento de ampliar derechos y de garantizar que las personas que viven y vienen a Asturias tengan una vida digna y un futuro en nuestra comunidad”. Recordó, además, la aportación de la población migrante en territorios afectados por la pérdida demográfica, como las cuencas mineras: “Contribuyen a llenar nuestras aulas, a sostener nuestra economía y a enriquecer nuestra sociedad. Lo que necesitan son certezas y oportunidades, no odio ni exclusión”.

En el ámbito municipal, los alcaldes presentes fueron contundentes al descartar cualquier colaboración con la petición parlamentaria. El alcalde de Morcín, Maximino García, sostuvo que los ayuntamientos “no van a poner un trabajador público al servicio de un tercero para hacerle el trabajo” y recalcó que, además de no existir obligación jurídica, hay una razón política de fondo. “Entendemos la migración como una necesidad y como un derecho. Muchos españoles también tuvieron que emigrar y fueron acogidos en otros países”, recordó.

García destacó igualmente la contribución de las personas migrantes en sectores como el primario o el ámbito de la dependencia, donde “realizan trabajos duros y esenciales, cuidando de nuestros mayores y sosteniendo servicios fundamentales”.

En la misma línea, el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, apeló a la tradición solidaria del municipio. “Mieres siempre fue una ciudad que acogió a quienes venían de fuera, igual que muchos mierenses tuvieron que marcharse y fueron bien recibidos. No vamos a colaborar en ninguna lista negra”, afirmó. Álvarez pidió al resto de alcaldes y alcaldesas, “no solo de la izquierda, también de la derecha”, que no atiendan la solicitud: “Los ciudadanos empadronados somos todos iguales. No hay ciudadanos de primera o de segunda”.

La comparecencia contó también con el respaldo del alcalde de Teverga, Adrián Gayo, en una imagen de unidad institucional frente a lo que IU considera un intento de utilizar los recursos públicos para dividir a la sociedad.

En conjunto, la formación reivindicó el carácter “solidario y de acogida” de Asturias y reiteró que no permitirá que las instituciones se conviertan en herramientas de estigmatización. “No vamos a consentir el señalamiento del diferente ni que se utilice el Parlamento para fomentar el racismo”, concluyeron.