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La diputada de IU Convocatoria por Asturies respalda las reivindicaciones de seguridad de la plantilla tras la brutal agresión a un conductor y califica de “asumible” la instalación de mamparas.

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) debe ser una elemento clave para resolver el conflicto que mantiene la plantilla de los servicios de Autobuses de Langreo, en huelga indefinida tras la agresión a uno de sus compañeros en una de sus rutas. Al menos eso es lo que ha reivindicado hoy la diputada de IU Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, para quien el este organismo tiene que implicarse en la búsqueda de una solución.

Tras mantener una reunión con los representantes del comité de huelga, la parlamentaria ha manifestado su total apoyo a las reivindicaciones de una plantilla que exige mayores medidas de seguridad preventiva, después de que un conductor sufriera una agresión «bastante brutal» hace unas semanas. Campomanes ha calificado la situación de «insostenible» tras seis jornadas de paro y ha subrayado que la principal demanda de los trabajadores, centrada en la instalación de mamparas de seguridad para los servicios nocturnos, es una medida sencilla y de un coste económico plenamente asumible por la empresa.

La seguridad y la salud en el trabajo, ha recordado la diputada, son derechos fundamentales que no pueden verse comprometidos. Sin embargo, ha explicado Campomanes, el conflicto se centra, precisamente, en la negativa del Grupo San Juan, al que pertenecen las empresas Transportes Zapico y Autobuses de Langreo, a colocar estas protecciones físicas en los vehículos que realizan el servicio «búho», una medida que ya es habitual en otras concesionarias de la comunidad autónoma. «No se puede perder la vida en el trabajo, o ir a trabajar no te puede costar la vida», ha denunciado la parlamentaria de IU Convocatoria por Asturies, para quien, al tratarse de un servicio prestado bajo una concesión pública que recibe fondos públicos, el Consorcio tiene la obligación de participar activamente en el desbloqueo de la negociación.

Por su parte, Nuria Baragaño, delegada de personal de Autobuses de Langreo, ha detallado que la voluntad de negociación de los trabajadores ha sido constante, habiendo aceptado incluso medidas complementarias propuestas por la empresa, como la ampliación del circuito de cámaras de vigilancia o la reubicación del botón del pánico. Sin embargo, ha insistido en que estos elementos no sustituyen a la prevención directa que ofrecen las mamparas. La delegada ha advertido también sobre las graves consecuencias que el paro está teniendo para los usuarios de la cuenca del Nalón, señalando que muchas personas se están quedando sin transporte para acudir a sus puestos de trabajo o a consultas en el Hospital de Riaño, una de las cabeceras principales de la línea.

En la misma línea se Luz García, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, ha denunciado la «cerrazón total y absoluta» de la dirección empresarial. Así, ha criticado que, a pesar de que la evaluación de riesgos del puesto reconoce las agresiones como un peligro real, la empresa no ha implementado las medidas necesarias. Asimismo, la representante sindical ha acusado a la patronal de vulnerar de forma flagrante el derecho a huelga mediante la realización de horas extras, el uso de personal de otras empresas del grupo y la imposición de servicios mínimos de forma irregular. Según García, el conflicto ha llegado a un punto crítico después de que, tras la agresión inicial, otro conductor sufriera una crisis de ansiedad el fin de semana siguiente sin que la empresa mostrara intención de sentarse a negociar.

La huelga, que tiene carácter indefinido y se inició el pasado 4 de abril, mantiene paralizado el transporte en una zona clave de la región. Ante esta parálisis, Delia Campomanes ha anunicado que el grupo parlamentario de Convocatoria por Asturies estudiará en profundidad tanto la normativa autonómica como la estatal para garantizar que, en el futuro, este tipo de medidas de seguridad sean obligatorias en todas las concesiones de movilidad. La diputada concluyó reiterando que la reivindicación no es un capricho, sino una necesidad básica para que los conductores puedan ejercer su labor con garantías de integridad física.