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El grupo parlamentario de IU y el de Podemos votarán juntos, este próximo viernes en el pleno, una proposición no de ley contra los tratados internacionales de libre comercio que pretende aprobar la Unión Europea.

Del mismo modo,  invitan  al Partido Socialista a sumarse a esta iniciativa que significa, de llevarse a cabo, una dictadura totalitaria del mercado que esconde propuestas aparentemente económicas, cuando son políticas y neoconservadoras  que campan por encima del estado de bienestar, negociadas de forma oscurantista, tal como explicó Ángeles Martínez, representante de la Plataforma No a los tratados TTIP.

Según Martínez los tratados suponen un trasvase de la democracia política a las multinacionales, representa una amenaza al empleo, rebaja normativas laborales; suprime  los convenios colectivos, propone la desregularización alimentaria y la  desregularización ambiental, pone en peligro la privacidad y facilita a las empresas acceso a la información que es privada con fines comerciales. También representa un ataque sin precedentes a los servicios públicos, advirtió Martínez en la rueda de prensa conjunta que protagonizó en la Junta General con el diputado de IU Ovidio Zapico y la de Podemos, Paula Valero.

El diputado de IU realizó un llamamiento a los diputados socialistas a seguir los pasos de comunidades autónomas como Cantabria, Andalucía y Aragón donde ya fueron aprobados pronunciamientos en contra del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) y cinco municipios asturianos (Mieres, Castrillón, Sobrescobio, Bimenes y Siero) y se pongan “del lado de los que creemos en las personas por encima de las empresas y la democracia por encima de los especuladores”. Zapico reiteró el rechazo de IU a estos tratados que, de llevarse a cabo, “tendrán una terrible repercusión para nuestras vidas”.

Para Paula Valero, diputada de Podemos,  pidió el voto del resto de los diputados para que Asturias rechace este tratado y   apoye todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los servicios sociales útiles, así como mantener la actual política reguladora de la Unión y de sus estados de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente y defender el principio democrático de soberanía e independencia nacional, salvaguardando todas las competencias de un estado soberano y la voluntad popular.