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La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, estudiará llevar a Fiscalía la adjudicación del servicio municipal del agua llevada a cabo en 2006 y al tiempo ha pedido la dimisión del portavoz municipal del PP, Jesús Pablo Quiñones, "por situarse al lado de la empresa y no de los vecinos en este litigio".

La regidora, junto a a la ex presidenta de la corporación y actual eurodiputada, Ángela Vallina, y los coordinadores de Castrillon y Asturias, Javier Espejo y Ramón Argüelles, comparecieron hoy tras elevarse a definitiva la sentencia que desestima las pretensiones de la adjudicataria, Aqualia, y que reclamaba casi 4 millones de euros más intereses alegando desequilibrio económico financiero.

Atrás quedan más de diez años de litigios, que se iniciaron con la adjudicación, acordada por el PP y que fue anulada por los tribunales, aunque, finalmente, se mantuvo el contrato, después de que el PSOE -que se había manifestado en las calles contra la privatización- se aliara con los pululares para volver a aprobar que esta compañía gestionará el servicio de agua potable de Castrillón. Atrás, quedan también, las amenazas de las empresa -que llegó a pedir responsabilidades patrimoniales a Ángela Vallina- y también la defensa reiterada de los intereses de la compañía por parte de socialistas y populares que, una y otra vez, se pusieron del lado de la empresa, a pesar de que suponía un sobre coste para la ciudadanía castrillonense.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ((TSJA) echa por tierra las pretensiones de Aqualia y se suma a otras sentencias anteriores contra la reclamación de La empresa que solicitaba 3,7 millones de euros, más los intereses, por un supuesto desequilibrio económico que aducía la compañía.

La empresa no presentó recurso de forma que la sentencia a devenido firme. Así las cosas, Yasmina Triguero pide ahora responsabilidades políticas ante el que ha definido como "el pleito más importante que ha tendido el Ayuntamiento en las últimos mandatos". Por ello, exige la dimisión del portavoz del Partido Popular en el concejo, Jesús Pablo González Nuevo Quiñones ya que, a su juicio, una vez demostrado que solo IU ha defendido los intereses ciudadanos, por dignidad debería dejar su cargo. Triguero fue también muy dura con el PSOE. En este caso, la alcaldesa pidió a su actual dirección una rectificación respecto a su pertinaz traición a los intereses de la ciudadanía. Según la regidora, tanto PSOE como "siempre se han puesto de perfil y siempre han estado en connivencia con la empresa, defendiendo sus intereses, en lugar del de los ciudadanos de Castrillón".

"No puede quedar inmune la oposición cuando ha tenido esa defensa solamente para los intereses de la empresa", ha declarado la alcaldesa en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada del coordinador general de IU de Asturias, Ramón Argüelles, y la eurodiputada y exalcaldesa del municipio Ángela Vallina.

Por su parte, Vallina ha pedido que tanto el PP como el PSOE "den explicaciones de por qué volvieron a adjudicar el agua de esa manera tan torticera otra vez cuando se ganó el primer pleito a la misma empresa y por qué se pusieron siempre de parte de la empresa y no de los intereses municipales", por lo que, además, ha pedido la dimisión de sus respectivos portavoces. Y es que, mientras que en concejos como Oviedo tienen hacerse cargo de la mala gestión del PP, en Castrillon está sucediendo lo contrario. Según la Eurodiputada, el caso del agua de Castrillon es justo lo contrario que sucedió en Villa Magdalena, en el que el Ayuntamiento de la capital sigue pagando por una operación lesiva para la ciudadanía. "Aquí nuestra posición ha permitido ahorrar a los castrillonens varios millones de euros".

Por su parte, el coordinador general de IU de Asturias, Ramón Argüelles, se ha felicitado de que, mientras en otros lugares el agua es noticia "por las tramas", en referencia a escándalos como el del Canal de Isabel II que salpica a la cúpula del PP, en Castrillón la noticia es que un gobierno de IU ha logrado, en solitario, que las pretensiones ilegítimas de una empresa, con el apoyo sesgado de populares y socialistas, hayan quedado desestimadas. Y es que, frente a pérdidas económicas, esta sentencia supone que que se queden en las arcas del municipio cinco millones de euros (los 3,7 millones que pedía la adjudicataria más los intereses) en el Ayuntamiento, "que van a servir para garantizar servicios a los ciudadanos".

Por su parte, el coordinador de IU en Castrillón, Javier Espejo, se felicitó por esta sentencia que supone un reconocimiento para la gestión de Angela Vallina y Yasmina Triguero como alcaldesas. Además, Espejo agradeció a la dirección de Izquierda Unida de Asturias el apoyo para plantar cara a una privatización que, desde el principio fue cuestionada por su lesividad para el municipio.