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La eurodiputada de Izquierda Unida reclama al Gobierno peruano de Kuckzynski que cumpla sus promesas de facilitar la asistencia jurídica, médica y psicológica a los cientos de miles de víctimas y critica la puesta en libertad del expresidente.

La eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina ha instado a la Unión Europea a “abordar” en sus relaciones con Perú el “crimen de lesa humanidad” que supuso el plan de esterilizaciones forzadas puesto en marcha por el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori entre 1995 y 2001 y que afectó a más de 270.000 mujeres, la mayoría de las comunidades indígenas.

En una rueda de prensa junto a Inés Condori, presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas de las Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, y las eurodiputadas Izaskun Bilbao (ALDE) y Bodil Valero (Verdes), Vallina ha reclamado asimismo la puesta en marcha de una investigación internacional independiente y ha reclamado al actual Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski -el responsable del indulto a Fujimori- que facilite la asistencia jurídica, médica y psicológica a las víctimas.

Vallina ha explicado cómo entre 1995 y 2001 “más de 270.000 mujeres fueron sometidas a esterilizaciones forzadas por parte del Estado peruano a través de un supuesto programa de planificación familiar”. Y que a pesar de que en 2015, “el Gobierno de Humala declaró de interés nacional la atención a las víctimas de las esterilizaciones y creó un registro de víctimas a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tanto las víctimas como diferentes organizaciones denunciaron la dificultad a la hora de lograr la inscripción para constar en ese registro”.

“En diciembre de 2016, el nuevo Gobierno prometió acciones concretas de reparación en el marco del acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, pero “la realidad ha sido otra completamente distinta porque el verdugo Fujimori ha sido indultado”, por lo que “en lugar de avanzar se están dando retrocesos que suponen aún más sufrimiento a las víctimas”, ha explicado Vallina, quien entró en contacto con Condori en su reciente visita a Perú con una delegación del Parlamento Europeo.

“Se violaron los derechos humanos de cientos de miles de mujeres y debemos decir que no es sólo un crimen de lesa humanidad por tratarse de un programa público de esterilizaciones que no garantizó el consentimiento informado y tuvo un carácter masivo y sistemático contra las mujeres andinas, indígenas y amazónicas, sino porque provocó muertes, enfermedades y lesiones que aún tienen consecuencias hoy”, ha denunciado.

Por ello, ha reclamado una investigación internacional independiente y ha recordado al Estado peruano su “obligación de permitirla, para condenar de una vez a los autores y que se produzca una reparación íntegra de las víctimas”. Además, ha hecho un llamamiento a Kuckzynski para que “proporcione y garantice asistencia jurídica, médica y psicológica” a las víctimas y se ha comprometido a interpelar a la Alta Representante, Federica Mogherini, y a la comisaria de Igualdad, Vera Jourova, “para que la UE aborde las esterilizaciones en el marco de sus relaciones con Perú”.

Condori, de visita en Bruselas para participar en el Foro Feminista Internacional organizado por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica, ha relatado la realidad de esos miles de mujeres que se vieron obligadas a someterse a ligaduras de trompas sin ningún tipo de información, seguimiento y asistencia sanitaria, y que hoy son apartadas en sus propias comunidades ya sea por el hecho de no poder tener hijos, o por las enfermedades y dolores derivados de aquellas intervenciones.

“Se trató de un programa a nivel nacional” que se aplicó masivamente “a mujeres de las comunidades indígenas que no sabían ni leer ni escribir”. “Se nos captaba y se nos hacían las ligaduras sin darnos ningún tipo de información de si esa operación era irreversible o no, sin explicarnos las consecuencias y sin tratarnos después”, ha denunciado. Un plan sistemático que fue acompañado del silencio durante muchos años “por miedo a la violencia que ejercía contra nosotras Fujimori”.

“Ahora nos hemos organizado y cuando hemos empezado a protestar se nos ha dicho que por qué no lo habíamos hecho antes. Esas personas deben saber que en nuestro pueblo, a nivel nacional, las mujeres no tenían ni voz ni voto en esos años, que no podíamos hablar”, ha denunciado.

Condori ha acusado al Gobierno de no haber respetado sus promesas electorales y ha puesto como uno de los principales problema a los que se enfrentan ahora la ausencia de fondos para poder tener asistencia legal. “No tenemos un abogado para defendernos y nos dicen que no hay presupuesto. Cuando pusieron en marcha el programa para las esterilizaciones iban casa por casa y mandaban a las mujeres en autobuses, ahora ni siquiera nos facilitan la ayuda legal o nos atienden en la sanidad”, ha explicado.

“Pido al gobierno peruano – ha continuado Condori-, a las autoridades, que nos pongan presupuesto como hubo esos años de campaña y nos atiendan, que atiendan las peticiones que hemos presentado al Ministerio de Justicia, al de Salud y al de Mujer”.

Desde su punto de vista, “el primer paso para la reparación es a atención sanitaria” y después “asistencia legal porque si no tenemos abogado no podemos defendernos”. “No estamos pidiendo ayudas sociales, queremos un proyecto en salud, en educación, en todos los aspectos que puedan suponer el desarrollo de nuestras comunidades indígenas nativas”, ha concluido.