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Ángela Vallina reprocha de que, en esta situación, se desvirtúe el objetivo de este mecanismo por un sector que no está entre los más afectados por la crisis

Izquierda Unida ha calificado hoy de "desvergüenza" hoy el ERTE solicitado por Alimerka. La portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida, Ángela Vallina ha mostrado su rechazado esta regulación de empleo solicitado por ALIMERKA, en una medida que parece que también barajan otras otras empresas del sector de medianas superficies de alimentación. "Es una desvergüenza que se pretenda utilizar este mecanismo, que está pensado en estos momentos para evitar el cierre de las empresas más golpeadas por la crisis sociosanitaria, en compañías que han seguido funcionando casi con normalidad incluso en los períodos de confinamiento total. Por eso, exigimos al Gobierno que rechace la solicitud. Creemos que no puede justificarse una medida de esta naturaleza que supone una reducción de los derechos laborales y sociales de las trabajadoras y trabajadores de un sector muy importante y que es además un perjuicio para las arcas públicas en casos como éste".

Para Vallina, el hecho de que tengan que cerrar a las ocho en vez de a las nueve y media no va a suponer una reducción de la facturación de estos establecimientos ni de los importantes beneficios obtenidos por estas empresas el pasado año. “En todo caso, si tuvieran que hacer un pequeño esfuerzo estas próximas semanas que lo hagan y, digo que lo hagan, porque además así aprendan de sus trabajadoras que llevan haciendo un sobresfuerzo impresionante desde que empezó la pandemia sin que las empresas hayan movido un dedo para reforzar la plantilla y aliviar su carga de trabajo” declaró la diputada y dirigente de la izquierda.

Según la parlamentaria, es inmoral que estas empresas, de uno de los sectores menos afectados por las restricciones impuestas por la COVID19, puedan plantear un ERTE que, ha recordado, está previsto para evitar pérdidas empresariales que supongan una destrucción de empleo. "No peligra su presente ni su futuro. Hablamos de un sector que lejos de estar en pérdidas ha tenido incremento de los beneficios y para abordar una reducción del horario comercial, que no va a reducir su activad, sino a concentrarla en el tiempo, el ERTE no tiene cabida. Aprobarlo supondría, ni más ni menos, que incrementar la carga de trabajo, aún más, de las trabajadoras y trabajadores de los supermercados, cuyas plantillas han sido y están siendo mermadas”.

Vallina ha considerado que sería deshonesto destinar recursos públicos a mantener unos beneficios empresariales excepcionales, a costa de ayudas que deberían priorizarse a reforzar y proteger a aquellas y medianas empresas que sí lo están pasando mal.

La portavoz de IU ha emplazado al Principado de Asturias a no autorizar el ERTE solicitado por las empresas y a ser más proactivo en la defensa de las trabajadoras y trabajadores del sector que han sido y siguen siendo reconocidas por su enorme esfuerzo, dedicación y profesionalidad durante toda la situación de pandemia. “No se puede un día alabar a las trabajadoras de los supermercados y pedirle a la gente que se las respete y al día siguiente no hacer nada cuando se les quiere atropellar en sus derechos”, ha declarado.

Por lo pronto, la diputada ha presentado una batería de preguntas parlamentarias al gobierno para que aclare su posición en este asunto.

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ángela Vallina de la Noval, Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para respuesta escrita.

¿Han solicitado las empresas del sector de medianas superficies de alimentación, o algunas de ellas, a la autoridad laboral dependiente del gobierno de Asturias el inicio de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)? ¿Si así fuera, cuáles son las razones en las que se fundamenta esa solicitud, teniendo en cuenta que, más allá de la normativa que implica adelantar hora y media su cierre, no se prevé que exista una reducción de la facturación de estos establecimientos y los beneficios obtenidos el pasado año han superado todos los registros?¿Considera razonable el gobierno que se pueda aprobar un ERTE del sector de las medianas superficies de alimentación cuando es manifiesta la sobrecarga de trabajo que están soportando sus trabajadoras al menos desde el inicio de la pandemia y la reticencia de las empresas a reforzar su personal?¿No considera el gobierno que un ERTE de estas características es un fraude de ley al utilizar una figura del derecho laboral pensada para evitar pérdidas empresariales que supongan una destrucción de empleo en una situación en la que ni hay ni tiene por qué haber pérdidas sino, como mucho, una ligera reducción de los beneficios?¿No considera inmoral que se pretenda que las arcas públicas sirvan para mantener unos beneficios empresariales excepcionales en unos momentos en que debe priorizarse la ayuda a aquellas y medianas empresas que sí lo están pasando mal?¿Cómo se puede entender este ataque a las trabajadoras de este sector cuando han sido y siguen siendo reconocidas por su sobresfuerzo durante toda la situación de pandemia, incluyendo recientes declaraciones del Presidente del Principado? ¿Va a autorizar el gobierno este ERTE? ¿Qué medidas va a tomar en defensa de las y los trabajadores de este sector?