La mayoría progresista impide a derecha y ultraderecha privatizar la inspección de vehículos
El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciuudadanos, Ovidio Zapico, negociará, junto a la vicepresidenta asturiana, Gimena Llamedo, con los trabajadores de ITVASA, una solución para el conflicto que, desde hace meses, mantiene la plantilla de la empresa propiedad del Principado y cuya gestión se mantendrá pública, después de que hoy la mayoría progresista en la Junta General, tumbara, frente a los votos de la derecha y la ultraderecha. una Proposición de Ley del PP que abría la puerta a la entrada del sector privado en la realización de las inspecciones periódicas de seguridad del parque móvil asturiano.
La entrada de Zapico en la negociación, junto a la de Llamedo, abre una nueva etapa en este conflicto que, según avanzaba el presidente asturiano, Adrián Barbón, estaba próxima a cerrarse, tras este nuevo marco negociador.
Precisamente, el desencuentro entre plantilla y Principado ha sido aprovechado por el PP para tratar de replicar en Asturias el modelo privatizador que ya puso en marcha en otras comunidades. La iniciativa, sin embargo, quedó rechazada gracias a los votos en contra de la izquierda. Por parte de IU Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, rechazó el intento de dar cabida a la iniciativa privada en el proceso de certificación de la seguridad del parque móvil, toda vez que, por sus propias características, se trata de un área que no puede regularse en función de la competencia entre privados. Como ya había avanzado en el pasado Pleno durante la fijación de posición sobre otra iniciativa, en aquel caso no de ley, para liberar las ITV's, la diputada recordó que la seguridad no puede regirse con criterios de "mercado". Frente a ello, ha insistido, "nuestro grupo sigue defendiendo que la liberalización que nos quieren vender ni mejorará el servicio ni lo hará más eficiente ni lo hará más barato ni, tampoco, prevendrá conflictos laborales que afecten su desempeño salvo que –ha advertido– además de liberalizar el servicio se pretenda anular a sus trabajadores los derechos reconocidos en el artículo 28 de la Constitución lo que, viniendo de ustedes (en referencia al grupo ponente del PP y sus apoyos de derecha y ultraderecha) tampoco extrañaría mucho".
Para Campomanes, la liberalización del servicio supondría un modelo de inspección más relajado y menos eficaz para garantizar tanto la seguridad como las emisiones contaminantes. Y eso, ha alertado, "si no se acaban reproduciendo en Asturias los mismos casos de corrupción que esta liberalización causó en aquellas comunidades autónomas en las que se puso en marcha".
La propuesta del PP, según la parlamentaria de Convocatoria por Asturies, ha pretendido utilizar un conflicto puntual para articular un cambio estructural y de calado. "La iniciativa trata de convertir una situación coyuntural como el conflicto laboral que se está dando –por cierto, en el que se están llevando a cabo unas negociaciones y van por buen camino– en la empres pública encargada de la inspección técnica de vehículos, que es un problema estructural que justifica un cambio de modelo de gestión". Lo peor, ha reprochado Campomanes, es que ese cambio llevaría, en un horizonte cercano, al despido de los trabajadores de ITVASA sin servir para resolver el problema de las listas de espera que ahora existe. "La inspección técnica de vehículos es una función de control, una función de seguridad vial y de protección del medio ambiente que, por su propia naturaleza, no puede ni debe estar en manos del mercado".
El intento de los conservadores de privatizar ITVASA, ha señalado Campomanes, no responde a una demanda social, sino el mero interés del PP, orientado a que "unos empresarios privados hagan caja con un servicio público y eso sí va en detrimento del interés general y de los trabajadores y el conjunto de la sociedad asturiana".
