Estos son unos Presupuestos de crisis que, per un sitiu, reflexen nel capítulu d'ingresos la cayida na recaldación que se deriva d'una menor actividá económica y, por otru, comprometer a dar respuesta a unes demandes de los ciudadanos crecientes, precisamente, por esa realidá de crisis.
Somos rehenes, como el resto de las Administraciones, del hecho de que el Gobierno de Asturias va a contar con menos recursos que en ejercicios anteriores, pero rechazamos el discurso político de que ello se debe traducir en un encogimiento de lo público, que vaya más allá de la realización de los máximos esfuerzos en la mejora de la gestión o de reordenar las prioridades para que, a la cabeza de las mismas, se sitúen las que más puedan ayudar a la reactivación económica y resulten compatibles con la asistencia a quienes padecen con más dureza las consecuencias de la crisis y, a la vez, dé cumplimiento al ACEBA. Resumiendo, que éste Presupuesto se resiste a desmontar la participación que a nuestra Comunidad Autónoma le corresponde en el raquítico Estado de Bienestar español, algo más amplio en Asturias por la existencia aquí de alguna prestación social que no existe en la mayoría de Comunidades autónomas, como es el salario social, y por el esfuerzo que esta sociedad ha hecho durante muchos años en la consolidación de la sanidad y la educación.
Por eso, a pesar de la crisis, estos Presupuestos son continuistas: no arrían ninguna de las banderas, ninguna de las políticas que han caracterizado los de los de este Gobierno compartido.
Para ello y frente al discurso predominante, estos Presupuestos intervienen en los capítulos de ingresos, en primer lugar reflejando la reforma fiscal que aprobamos el pasado mes de julio, utilizando todas las posibilidades que el margen de decisión de la Comunidad Autónoma permitían; como es sabido, todas las figuras fiscales sobre las que existía alguna competencia sufrieron incremento, aumentando además el grado de progresividad del IRPF, con un mayor gravamen a partir de los 90.000 euros, e introduciendo novedosamente ese criterio de progresividad en el Impuesto de transmisiones patrimoniales.
En segundo lugar, profundizando en la fiscalidad verde a través tanto de un aumento del canon de saneamiento, como con la creación de una nueva figura que gravará a las empresas de telefonía y a las empresas eléctricas por el impacto que sobre el medio ambiente tienen sus actividades.
En Asturias hay un claro esfuerzo fiscal que se exige a quienes están en condiciones de aportar más, porque tienen más, los asturianos que tienen unas rentas más elevadas o adquieren los bienes de mayor valor (que probablemente serán los mismos) y las empresas que tienen los mayores beneficios en estos momentos de crisis. Lo incomprensible es que no se haga algo similar en el ámbito del Estado que es dónde está la mayor cuota de capacidad de decisión y competencia.
Además, se ha presupuestado el recurso a la deuda por importe de 424 millones, el máximo permitido por el acuerdo del Consejo de Política Económica y Fiscal del 1,3 sobre el PIB regional, manteniéndonos a pesar de ello por debajo del nivel medio de endeudamiento de las Comunidades Autónomas. Resulta injusto que ese límite máximo se haya establecido con carácter general sin tomar en consideración el grado previo de cada una de las Comunidades Autónomas y fijado un escenario específico para cada una de ellas que se correspondiera con la realidad resultante, porque el mecanismo perjudica a Asturias, segunda Comunidad Autónoma menos endeudada, y favorece en cambio a las que tienen, en algunos casos, prácticamente el doble de deuda.
Y, finalmente, se han consignado 102 millones de ingresos derivados de venta del patrimonio de vivienda del Principado a VIPASA en una operación que permite acudir al recurso a la deuda sin que ésta consolide y compute. Habrá de esta forma más recursos para inversión y prestaciones sociales en una operación que tiene como condicionantes no poner en riesgo a la empresa, que contará con avales del Principado y los ingresos de los arrendamientos, que se respetarán las condiciones de los arrendamientos y que propiciará la búsqueda de unas condiciones de venta interesantes para los inquilinos que voluntariamente decidan adquirir. Y ello se hará sin renunciar a seguir ofertando nuevas viviendas públicas en alquiler a aquellos asturianos que no tengan otra forma de acceder a una vivienda; de hecho, está a punto de ser concluidas otras 1400 viviendas por la Dirección General de Vivienda y, por su parte, VIPASA ha promovido otras 600.
Estos son los ingresos y ¿para qué? Pues para mantener un importante nivel de inversión a pesar del ajuste, que se eleva en el consolidado a 1070 millones, comprometidos en el impulso de las infraestructuras y la generación de empleo, mientras que el gasto social aumenta un punto su participación en el Presupuesto y se sitúa en el 68,2% para sostener los servicios públicos esenciales y las prestaciones sociales, que contribuyen tanto a dinamizar la realidad económica como a generar empelo (este Gobierno ha creado en los dos últimos años casi 500 puestos de trabajo para la atención a la dependencia).
Para sostener unos servicios sanitarios que, desgraciadamente, van a contar con menos recursos que en 2010 pero que, como expresión de que el compromiso de esta sociedad con la sanidad pública no está en cuestión, como la disminución porcentualmente es inferior a la del conjunto del Presupuesto, aumenta su participación en éste medio punto y llega al 37,4 %, con el objetivo de mantener un servicio de calidad, sosteniendo la actual cartera de prestaciones, en un año en el que se concluirán los dos grandes equipamientos HUCA y Hospital Alvarez Buylla (cuya financiación no se ha realizado desde la Consejería), y los Centros de Salud en marcha de Villalegre-La Luz o Grandas de Salime, y en el que se pretende afrontar la redacción de los proyectos de los de Cangas de Narcea, Lieres, Villayón y Pola de Lena.
Para contener el gasto se continuará potenciando la central de compras de consumibles e interviniendo sobre el gasto farmacéutico que supone casi el 30% del Presupuesto de la Consejería. En el presente ejercicio la previsión es que el gasto farmacéutico descienda casi el 1%, pero Asturias tiene todavía un consumo de medicamentos genéricos por debajo de la media (es del 18,89% en Asturias, mientras que en el Estado está en el 23,82%), lo que hace que sea posible un importante ahorro (unos 22 millones si nos situamos en la media estatal), sin reducir la eficacia de las prescripciones.
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda es la única que aumenta sus recursos en relación al Presupuesto ajustado de 2010, un 1,6%, y no prurito político, sino porque hoy el riesgo de exclusión social es una amenaza para nuevos colectivos. Por eso se apuesta por reforzar y ampliar el sistema público de Servicios Sociales aportando más de 42 millones a los ayuntamientos para financiar el plan concertado, lo que contribuirá a que más de cien mil personas sean atendidos por los servicios sociales municipales y que entre éstas se encuentren 3500 (casi tres veces el número actual) que reciban la ayuda a domicilio. Y que se pongan en marcha nueve nuevos centros de apoyo diurno.
El salario social básico contará con 32 millones y sin duda está ayudando a que Asturias sea la tercera Comunidad Autónoma con menos nivel de pobreza relativa, tras el País Vasco y Navarra. El perfil predominante de sus beneficiarios es el de mujeres, bien de edad avanzada con pensiones bajas o jóvenes con hijos a su cargo, pero seguramente en el próximo año al mismo se incorporarán algunos de los desempleados que ya no van a poder acogerse al subsidio extraordinario por desempleo para quienes agotaron la prestación, y que desaparecerá a partir de febrero.
Se mantienen los compromisos de inversión, en este ejercicio 18,6 millones, para completar desde el ERA los centros polivalentes de recursos de Aller, Moreda y Gijón y abordar la construcción de nuevas residencias y centros de día en Avilés, Castrillón, Lastres y Cangas de Narcea, así como contratar los nuevos centros de Langreo, Cudillero y Oviedo. Todo ello significará la posibilidad de que cumplamos el compromiso de legislatura de crear 2000 plazas residenciales públicas.
A pesar de que la aportación estatal por la ley de atención a la dependencia sigue muy por debajo de lo comprometido legalmente, el Presupuesto permitirá la incorporación de 7000 nuevos beneficiaros como consecuencia de la entrada en funcionamiento del nuevo nivel de dependientes. De ahí que el Presupuesto aumento un 6,5% y, sobre todo, que se reconozca el carácter de crédito ampliable a las partidas correspondientes.
En materia de vivienda, se incrementan un 30% las ayudas a la compra, el alquiler y la rehabilitación de viviendas, lo que sin duda contribuirá a paliar la reducción de las ayudas acordada por el gobierno de la Nación.
También se mantiene el compromiso del 0,7 para ayuda a la cooperación.
El Presupuesto de la Consejería de Educación se ve reducido, pero también en menor proporción que el conjunto del Presupuesto, contemplando una inversión de 60,7 millones de euros. En la enseñanza no universitaria, a pesar del recorte, será posible mantener una ratio de un profesor por cada 8,3 alumnos, extender el programa bilingüe a seis centros más, llegando a 179 y manteniendo la misma cuantía que en el 2010 para el desarrollo de los centros de 0-3 años. Así mismo, se contemplan nuevas “enseñanzas artísticas” y se incrementa un 12,45% los recursos para enseñanza personalizada y atención a la diversidad, a través de programas de apoyo y refuerzo. Por otra parte, el 5% del Presupuesto de la Consejería se destina a investigación, desarrollo e innovación, que sumados al resto de recursos del Presupuesto General con el mismo fin significará un incremento del 2,8 % en relación al 2010.
En la Consejería de Industria y Empleo el principal recorte se planteó en el capítulo de gasto corriente, situándose el Presupuesto en algo menos de 220 millones, de los que casi el 91% van dirigidos al apoyo a las empresas y al fomento del empleo y de la actividad económica.
La consignación más importante va dirigida al Servicio Público de Empleo con previsiones que permitirán la contratación de hasta 7930 personas, de ellos, 3000 parados de larga duración, mayores de 45 años, jóvenes no titulados, jóvenes menores de 30 años con estudios de FP o superiores y mujeres cabeza de familia mono parental o en oficios en los que están subrrepresentadas. Otros 300 serán contratos indefinidos. También se subvencionará el mantenimiento del empleo de 2000 personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
Igualmente, se apoyará la contratación de 2400 trabajadores por las entidades locales y 280 por asociaciones sin ánimo de lucro.
Además, se informará y orientará a 16.000 desempleados y acompañará en proceso de búsqueda de trabajo a 1300, financiando también la formación de 20.000 desempleados y 13.000 ocupados.
El IDEPA contará con más de 45 millones para la ejecución de los programas de infraestructuras industriales, incentivos a empresas, internacionalización, innovación y competitividad.
Y el Instituto de Riesgos Laborales preserva la mayoría de su actividad, aunque reduce en partidas que se ha demostrado tenían difícil ejecución como el Plan RENOVE.
Al contrario que en el Presupuesto del 2010, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras no resulta especialmente perjudicada, con una reducción del 2,26% y su capítulo más importante, el 6, el de inversión, aumenta, lo que hace que su peso suponga el 78% de los recursos de la Consejería y es garantía del carácter inversor del conjunto del Presupuesto asturiano.
Aunque la Consejería de Medio Rural presenta un Presupuesto que disminuye un 5% en relación con el Presupuesto ajustado de 2005, la incorporación en el primer trimestre del próximo ejercicio de 8,3 millones procedentes del Ministerio en cumplimiento de las previsiones de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, permitirá compensar el ajuste y cumplir todos los objetivos que se ha marcado el gobierno y, desde luego, mantener el nivel de la inversión e, incluso, aumentarlo un 2,6%, situándolo en el 16%, lo que convertirá a esta Consejería en el tercera más inversora.
Se consolidan también las políticas de ayudas a las rentas de agricultores y ganaderos, manteniéndolas en el mismo nivel que en el 2010, año en el que se habían incrementado de forma notable (en el caso de los ganaderos de leche, el 50%). El sector agroganadero recibirá ayudas directas por importe de 90 millones el próximo años (30 para el sector de la leche).
Hay un incremento para la financiación del Segundo Plan de Agricultura Ecológica, para priorizar la obtención de productos de alta calidad, bien diferenciados y que aportan más valor añadido.
También aumentan las ayudas destinadas a la modernización de explotaciones agroganaderas en un 10%.
Todas estas políticas están dando resultados: en tiempos de crisis, hay 125 solicitudes de jóvenes o nuevas instalaciones que se incorporan al campo; y 425 expedientes de modernización, es decir, de inversión en el sector.
Y, por lo que se refiere a la pesca, lo que percibirán los grupos de acción pesquera aumentará un 33%.
La Consejería de Cultura cuenta con recursos para finalizar los proyectos en marcha y esencialmente el Centro Niemeyer, además de Tito Bustillo, Museo Arqueológico y Auditorio de Piedras Blancas en Castrillón. En política llingúística la reducción es muy inferior a la de la Consejería y aunque la reducción es superior en políticas de juventud confiamos en que se puedan alcanzar los objetivos.
En Administraciones Públicas, lo más destacable son las partidas de apoyo a la actividad de los municipios y , dentro de éstas, el que no se haya reducido el Fondo Especial de Cooperación, con la característica de inversión incondicionada y se mantenga la existencia de un “Plan A” aunque sea con menos recursos, además de prever inversiones para completar el proceso de modernización tecnológica de la Administración.
Por lo que se refiere a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, se contemplan recursos para concluir las dos obras más destacadas, la Escuela de Emprendedoras y el Palacio de Justicia de Gijón. Además se concluirán y pondrán en marcha la nueva sede judicial de Villaviciosa y el Instituto de Medicina Legal de Asturias, además de poner en marcha la nueva sede del 112. Igualmente seguirán siendo una prioridad las iniciativas para erradicar la violencia de género y se seguirá apoyando a los asturianos en la emigración con mayores dificultades económicas.
Finalmente, estamos ante un Presupuesto de resistencia frente a las políticas neoliberales y las agresiones al Estado de Bienestar y para ayudar a resistir esta crisis a los ciudadanos y situarnos, de la mejor manera, para encontrar una salida desde la izquierda.
Diputáu Autonómicu y Coordinador d'IX
Diputado Autonómico
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Diputada Autonómica
Convocatoria por Asturies