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El diputado de IU demanda que la Caja asturiana aplique el Real Decreto 6/2012 que incluye el alquiler social

El diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, envió una carta a Manuel Menéndez -presidente de Cajastur- en la que pide que muestre sensibilidad ante la huelga de hambre de Jorge Cordero, quien fue desahuciado de su vivienda en Oviedo y está acampado ante la sede de la entidad bancaria sin ingerir alimentos desde hace ya 32 días. Del mismo modo, demanda a Cajastur que aplique el Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, de manera que aquellos parados, como Jorge Cordero, puedan ver cancelada su deuda con la dación en pago de su vivienda, la única de la que era titular y cuya valoración era inferior a 200.000 euros. Asímismo, el diputado de IU, recuerda que Cajastur tiene entre sus finalidades la realización de iniciativas sociales y cultural, y, por ello, debe poner en marcha medidas de alquiler social para estas personas que no pueden afrontar los pagos hipotecarios pendientes de sus viviendas habituales

De esta forma, dice Llamazares, la Caja, obtendría ingresos de esos inmuebles, evitando que se conviertan en recursos ociosos, con sus correspondientes costes de mantenimiento, mientras las personas en dificultades podrían permanecer en sus casas y evitar caer en la indigencia y en la más severa exclusión social.

Llamazares realizó una visita a Jorge Cordero, quien, ha dicho, está bien de salud, pero a partir de ahora “empieza lo peor”, por lo que es necesaria una iniciativa urgente, por lo que se ha dirigido a Menéndez.

Según el exlíder de IU y diputado al Congreso la del ecuatoriano Jorge Cordero no es una situación particular únicamente, porque los desahucios están afectando ya a muchos ciudadanos en España.

Llamazares defiende la dación en pago y el alquiler social, reivindicaciones que considera “posibles y legales”. Por ello, pide a Cajastur que demuestre su sensibilidad social, no sólo con la obra social, sino en el día a día, en el trato a clientes y ciudadanos.

Asimismo, considera que la dación en pago ya está aprobada en casi toda Europa, y “se mantiene en España por el excesivo poder del sector bancario”