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Jesús Iglesias, portavoz parlamentario de IU-BA-Verdes en la Junta General, aseguró, con respecto a las entidades que debe o no fiscalizar la Sindicatura de Cuentas, que la prioridad es evitar que un debate político que se tiene que dar entre las fuerzas políticas devenga en una confrontación institucional entre la Junta General del Principado y la Sindicatura. Ese, a juicio de Jesús Iglesias, sería el peor escenario de la situación que estamos viviendo. Es legítimo utilizar, en el debate estríctamente político, las conclusiones de los informes de la Sindicatura pero hay que huir de convertir la Sindicatura en un campo de batalla político, explicó el Coordinador de IU de Asturias.

Jesús Iglesias, portavoz parlamentario de IU-BA-Verdes en la Junta General, aseguró, con respecto a las entidades que debe o no fiscalizar la Sindicatura de Cuentas, que la prioridad es evitar que un debate político que se tiene que dar entre las fuerzas políticas devenga en una confrontación institucional entre la Junta General del Principado y la Sindicatura. Ese, a juicio de Jesús Iglesias, sería el peor escenario de la situación que estamos viviendo. Es legítimo utilizar, en el debate estríctamente político, las conclusiones de los informes de la Sindicatura pero hay que huir de convertir la Sindicatura en un campo de batalla político, explicó el Coordinador de IU de Asturias.

En esta rueda de prensa, convocada con el objetivo de intentar introducir racionalidad y lógica en este debate. En ese esfuerzo de racionalidad es necesario recordar algunas cuestiones que han quedado en la cuneta de esta discusión, advirtió el portavoz de IU:

1. La Sindicatura de Cuentas es una institución joven que se crea como mandataria de la Junta General con la finalidad de fiscalizar el sector público autonómico, fundamentalmente desde la perspectiva económica, en relación con el uso de los recursos públicos, mecanismos de contratación de personal, adquisición de bienes... Sin embargo, esta creación de la Sindicatura, no supuso que ésta institución fuese el único mecanismo de control y fiscalización. Los que había antes y están previstos en las leyes y en el reglamento de la Cámara siguen teniendo plena vigencia y siguen siendo útiles para la función de control político. El debate surge a partir de la necesidad de definir el ámbito de fiscalización de la Sindicatura, lo que lleva a otro concepto que también necesita de una definición: el concepto de sector público autonómico sobre el que la Sindicatura de Cuentas tiene encomendada la fiscalización .

¿Cómo se define el sector público autonómico?. Éste ha sido definido en distintas ocasiones por los servicios jurídicos de la Junta General. El último informe del Letrado Mayor lo define como aquellas entidades, empresas o fundaciones en las que concurran dos requisitos que no tienen porque concurrir conjuntamente:
a. Que el Principado de Asturias tenga la mayoría del accionariado.
b. Aún no teniendo la mayoría del accionariado, el Principado tenga el dominio efectivo. El dominio efectivo se logra cuando los representante sdel Principado en el órgano gestor de esa entidad tengan la mayoría de miembros o incluso no teniendo la mayoría de miembros,n tenga la mayoría de derechos políticos.

            Estos son los dos requisitos que conforme a los informes de la Junta General delimitan el sector público autonómico y, por lo tanto, delimitan el terreno de actuación e intervención de la Sindicatura de Cuentas.
            Además de esto, la propia Sindicatura había asumido esta tesis cuando se puso en marcha el registro de cuentadantes, es decir, el registro en el que tienen que figurar todas las entidades de ser susceptibles de fiscalización porque sólo se incluyeron aquellas entidades que reunían alguno de estos requisitos. Por contra, no se incluían estas otras cinco entidades que son sujeto de debate, en las que no concurre ninguno de estos dos requisitos. Éstas son:  Asturgar, la Fundación La Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial, la Fundación de Nuevas Tecnologías y Cultura, la Fundación para el progreso del Soft Computing y la Fundación del Archivo de Indianos

¿Significa esto que esas entidades quedan al márgen de cualquier control? No, porque hay otros mecanismos de control. Quienes reciben subenciones, ayudas y recursos públicos tienen que rendir cuentas ante la Intervención General y ante el Principado del uso que se ha dado a subenciones y ayudas. No se puede pedir que comparezca quien está al frente de estas entidades que no cumplen los requisitos pero si se puede pedir que comparezcan representantes del Principado de Asturias en los órganos gestores y es a ellos a los que se puede interpelar sobre cualquier elemento que se considere importante de la actividad que desarrollan en esas entidades.

Con estas reglas de juego y voluntad puede superarse este desencuentro entre grupos parlamentarios, sindicatura de cuentas y equipos jurídicos, aseguró Iglesias, al mismo tiempo que invitó a todos los implicados a “no meter más leña y hacer una batalla que carece de sentido”.