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Ángela Vallina apuesta por reforzar servicios como el ERA, Atención Primaria o Valoración de la Dependencia, con medidas para mejorar en toda la función pública eficiencia y eficacia.

Izquierda Unida reclamó hoy en la Junta General del Principado un pacto político y también sindical para abordar la reforma de la Administración Autonómica, anunciada recientemente por el presidente del Principado, Adrián Barbón. La portavoz de IU, Ángela Vallina, aseguró que esta reforma debe orientarse a lograr la máxima eficiencia y eficacia y, sobre todo, a garantizar unos Servicios Públicos de calidad. La diputada señaló que la reforma es necesaria pero que no puede enmascararse bajo la misma recortes de plantillas ya que, dijo, por el contrario, en muchos departamentos existe, de hecho, déficits de recursos humanos.

Para IU, el principal reto que es necesario abordar es el de modernización y digitalización de la administración autonómica que, pese a la ley para facilitar el acceso a través de internet a la ciudadanía, se lleva un gran retraso. La Administración de Justicia, explicó Vallina, se encuentra muy retrasadla y ni siquiera tiene operativo el expediente judicial electrónico. Hace falta, por tanto, apostar por esta modernización que exige, dijo, inversiones importantes. De hecho, la administración de “papel 0” no está aún en marcha, a pesar de que, una vez lograda se producirán importantes ahorros materiales y, también, una mejora medio ambiental.

Vallina señaló que la reforma debe abordar la situación de los distintos departamentos de la Administración y, avanzó, requerirá fortalecer áreas imprescindibles y que están Infradotadas desde la perspectiva de los recursos humanos, como la red de geriátricos del ERA, la Atención Primaria, o el el servicio de valoración de la Dependencia donde existe una importantísima lista de espera que, a juicio de la parlamentaria, hay que atajar.

En cualquier caso, la reforma, enfatizó la diputada, debe hacerse buscando el máximo consenso político posible y, también, la negociación con los representantes de los trabajadores y trabajadoras públicas.